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El juicio monitorio: ¿reclamación judicial rápida y económica?

 En cualquier caso , constituye uno de los modos de emplazar al deudor a pagar su deuda.

A continuación explico alguna de las características de este proceso que confío les pueda servir si se encuentran en la situación de ser acreedores, para contar con otra herramienta en el momento de gestionar las finanzas de su empresa o de su comunidad y si por cualquier razón son deudores, también les servirá para saber qué les espera en este procedimiento y cómo deben responder frente al mismo.

La deuda, una obligación de pago.

La deuda, una obligación de pago.

Esta aproximación al juicio monitorio es un resumen que he elaborado a partir del trabajo monográfico de Fernando Toribio Fuentes, procurador de los tribunales de Valladolid.

Concepto del proceso monitorio

Es la emisión de una orden de pago por el juez a la vista de la solicitud unilateral del acreedor.

La simple oposición inmotivada del demandado hace ineficaz la orden de pago.

El proceso monitorio es de aquellos que provocan en el deudor la obligación de oponerse a la ejecución, es decir, le obligan a dar razones bajo el riesgo de que su inactividad va a suponer la constitución de un título inmediato de ejecución susceptible de abrir la vía de apremio.

La mecánica o técnica monitoria es de una simplicidad extrema, ya que ante la solicitud unilateral del demandante provocan en el demandado la obligación ineludible de pagar o dar razones (aunque sean sucintas), porque su inactividad: impago o silencio, permiten al actor obtener un título susceptible de abrir la vía de apremio.

Cuantía

El límite es de 30.000 euros.

Intervención de abogado y procurador

Ha sido evidente la voluntad del legislador de facilitar el acceso al proceso monitorio, utilizando como medio para ello el permitir directamente al acreedor suscribir, sin valerse ni de abogado ni de procurador, la petición inicial del procedimiento, aunque luego se exija su intervención para las actuaciones que excedan de la simple presentación del escrito de solicitud.

Reglas especiales en materia de reclamaciones de Comunidades de Propietarios

Cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren los servicios profesionales de Abogado y Procurador para reclamar las cantidades debidas a la Comunidad, el deudor deberá pagar, con sujeción en todo caso a los límites establecidos en el apartado tercero del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los honorarios y derechos que devenguen ambos con su intervención, tanto si aquél atendiera el requerimiento de pago como si no compareciese ante el Tribunal. En los casos que exista oposición, se seguirán las reglas generales en materia de costas, aunque si el acreedor obtuviere una sentencia totalmente favorable a su pretensión, se deberán incluir en ellas todos los honorarios del Abogado y los derechos del Procurador derivados de su intervención, aunque no hubiera sido preceptiva.

Fase de admisión

Se inicia el procedimiento monitorio por medio de petición.

A dicha petición inicial deberán necesariamente acompañarse los documentos de los que debe desprenderse la existencia de una deuda.

Los documentos que se aporten pueden calificarse como ordinarios o privilegiados.

Los documentos ordinarios requieren que el Tribunal deba apreciar si los mismos son o no base de buena apariencia jurídica de la deuda.

Son documentos que aparecen firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente del deudor.

Otra clase de documentos ordinarios son facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualquier otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.

Los documentos privilegiados gozan del privilegio de ser considerados base de una buena apariencia jurídica de la deuda.

La Ley de Enjuiciamiento Civil diferencia dos clases de documentos:

  1. Cuando junto al documento en que conste la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera.
  2. Cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de Propietarios de inmuebles urbanos.

La utilización del procedimiento monitorio en las Comunidades de Propietarios requerirá la previa certificación del acuerdo de la junta aprobando la liquidación de la deuda con la Comunidad de Propietarios por quien actúe como secretario de la misma, con el visto bueno del Presidente, siempre que tal acuerdo haya sido notificado a los propietarios afectados en la forma establecida en el artículo 9. Existe además la posibilidad de reclamar junto con las sumas debidas en concepto de gastos comunes, las que se deriven de gastos de requerimiento previo de pago.

Resolución sobre la admisión

La resolución sobre la admisión de la petición inicial va a ser la única actividad declarativa del proceso monitorio, debiendo efectuar el Juez un control sobre los documentos y la petición antes de proceder a acordar el requerimiento de pago al deudor.

Existirá pues por parte del Juez un control genérico sobre la identidad del acreedor y del deudor, los domicilios manifestados o el lugar donde pudieran ser hallados. Igualmente, sobre el origen y cuantía de la deuda y del carácter dinerario, vencido, exigible y no superior a 30.000 euros. También sobre la competencia territorial del Tribunal y la capacidad procesal para ser parte. Y finalmente controlará formalidades extrínsecas de la petición inicial, que figure por escrito, que se halle firmada por el acreedor…

Si los documentos aportados son los que hemos denominado ordinarios, el juez deberá realizar un juicio valorativo de los mismos a fin de constatar que constituyen un principio de prueba del derecho del acreedor.

Si del control de dichos documentos por el Tribunal, considerara que son un principio de prueba del derecho del acreedor, se requerirá mediante providencia al deudor.

Si los documentos aportados son de los que hemos denominado privilegiados, su control sobre los mismos por el juez se minora, hasta el punto que se limita a constatar que se trata de documentos privilegiados.

En conclusión, si los documentos aportados son privilegiados, el Tribunal debe admitir a trámite la petición y acordar requerir mediante providencia al deudor.

Admisión o inadmisión de la petición inicial

La resolución sobre la admisión o inadmisión de la petición debe revestir la forma de auto. Si se admite la petición a trámite el juez acordará requerir mediante providencia al deudor.

Contra la resolución que acuerde la inadmisión total de la petición, podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de 5 días. Del recurso conocerá la Audiencia Provincial.

Si la petición fuera admitida parcialmente, contra el auto dictado podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de 5 días.

Contra el auto resolutorio del recurso de reposición no cabe recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión objeto de reposición al recurrir la resolución definitiva.

Fase de requerimiento

Admitida la petición, se iniciará la fase de requerimiento de pago al deudor.

Si el deudor no es encontrado en el domicilio o lugares facilitados, se practicarán las diligencias conducentes a la averiguación de su paradero. Si estas comunicaciones son infructuosas, la comunicación se llevará a cabo mediante edictos.

En el caso de las Comunidades de propietarios la notificación deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por el deudor para las notificaciones y citaciones de asuntos relacionados con la Comunidad de Propietarios. Si no se hubiera designado tal domicilio, se intentará la notificación en el piso o local, y si ello no fuera posible, la notificación se efectuará por medio de edictos. En la práctica se impondrá que la notificación pueda hacerse en cualquier domicilio en que el requerimiento pueda ser efectivo.

Objeto del requerimiento

El deudor será requerido a fin de que en el plazo de 20 días y bajo apercibimiento de despacharse contra él ejecución, adopte una de las siguientes conductas:

-Pague al deudor, acreditándolo ante el Tribunal.

-Comparezca ante el Tribunal y alegue sucintamente las razones por las que a su entender no debe las cantidades reclamadas.

Si el deudor requerido no se opone ni comparece en el plazo de 20 días el Tribunal dictará auto despachando la ejecución por la cantidad adeudada.

La deuda devengará a favor del deudor los intereses pactados y si no hubiera pacto, a partir del día en que sea dictado el auto despachando ejecución.

Si el deudor atendiera y acreditara el pago, el Tribunal archivará las actuaciones.

La oposición del deudor

Si el deudor se opusiera al pago, se produce un doble efecto: la contención del juicio monitorio y su mutación en proceso declarativo.

El deudor debe formular su escrito de oposición dentro del plazo de 20 días desde el requerimiento, que debe ir firmado por Abogado y Procurador cuando su intervención fuera obligada por razón de la cuantía cuando exceda de 902 euros.

Oposición total

Se producirá la extinción del monitorio por la transformación en el juicio declarativo que corresponda por razón de la cuantía. El deudor evita con ello que se dicte auto despachando ejecución contra él, provocando la celebración de un proceso plenario que resuelva definitivamente la controversia.

Oposición parcial

Se actuará respecto de la cantidad reconocida como debida y respecto de la suma a que se contraiga la oposición se producirá la transformación del juicio monitorio en declarativo.

Cuando el deudor se opone a parte de lo reclamado pero silencia su postura respecto al resto de su petición, el Tribunal puede dictar auto despachando ejecución sobre la suma silenciada y acordando la transformación del monitorio en declarativo por la suma objeto de oposición.

Reglas especiales para supuestos de oposición en reclamación de cuotas comunes de Comunidades de Propietarios.

Cuando el deudor se oponga a la petición inicial del proceso monitorio, el acreedor podrá solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes de aquél, para hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses y las costas, sin necesidad de que el acreedor preste caución, no obstante el deudor podrá enervar el embargo prestando aval bancario por la cuantía que hubiese sido decretado.

Transformación del proceso monitorio en declarativo

Ante la oposición el proceso monitorio finaliza y se extingue por transformación inmediata en verbal o mediata en ordinario, para lo que es determinante la cuantía de la reclamación.

Transformación en juicio verbal

Cuando la cuantía de la pretensión no excediera de 3012 euros, el Tribunal procederá de inmediato a convocar la vista, de tal modo, que la conversión supone la transformación de la petición inicial del monitorio en demanda sucinta de juicio verbal. La sentencia que se dicte en el juicio verbal resolverá definitivamente el litigio.

Transformación en juicio ordinario

Cuando el importe de la reclamación exceda de 3012 euros, si el acreedor no interpusiera la demanda dentro del plazo de un mes a contar desde el traslado del escrito de oposición, se sobreseerán las actuaciones y se condenará en costas al acreedor. En este caso la transformación no es inmediata, sino condicionada a la presentación en plazo de demanda en forma ordinaria

El proceso monitorio constituye una vía judicial para reclamar cantidades inferiores a 30.000 euros y que pretende ser rápida y económica. Esta innovación en la legislación española, junto a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que conmina a los propietarios a pagar los gastos comunitarios porque de otra manera responden con sus bienes, la principal garantía es la vivienda que ha generado la deuda comunitaria , ha facilitado la gestión de estas comunidades y la posibilidad de las mismas de atender sus necesidades de rehabilitación y actualización.

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Esta entrada fue publicada el 14 enero, 2011 por en 2. Administración de fincas, 3. Jurídico.
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